La Ley 2/2023 de Protección del informante entra en vigor el próximo 1 de diciembre
A partir del 1 de diciembre, la Ley 2/2023 de Protección de Informantes en España establece la obligatoriedad de que las pymes de 50 a 250 empleados cuenten con un gestor de canal de denuncias. Este gestor tiene la responsabilidad de externalizar las denuncias a las autoridades y guiar a los empleados en la comunicación de irregularidades, evitando posibles represalias como despidos o intimidaciones. La normativa exige a las empresas implementar un canal de denuncias efectivo, con un gestor capacitado que garantice la confidencialidad del informante. Las sanciones por incumplimiento van desde 600.001 euros hasta un millón de euros. Los gestores, como los de EQS Group, deben abogar por las denuncias, hacer un seguimiento de las irregularidades y asegurar la confidencialidad, imparcialidad y ausencia de represalias para los informantes.